Así “La Estafa Maestra”: quién y cómo participó en el desvío de recursos más grande de la historia

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Rosario Robles pagó 70,000 pesos para evitar ser detenida: comparecerá ante un juez del Reclusorio Sur

Infobae

“No tengo nada que temer”. Con esa seguridad, Rosario Robles comparecerá este jueves ante un juez del Reclusorio Sur, por las acusaciones de uso indebido de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A pesar de la vehemencia con la que la ex encargada de la Secretaría de Desarrollo Social defiende su inocencia, el martes depositó casi $70,000 pesos para poder mantener su libertad y evitar ser detenida.

Robles es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística titulada La Estafa Maestra destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarias contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.

De acuerdo a la investigación, La Estafa Maestra 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales dependencias responsables del fraude millonario. (Infografía: Infobae, Jovani Silva)

Así, las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir.

Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014, a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de Pemex y abrió los candados para la participación de inversores extranjeros.

En dicha dependencia, bajo la administración de Emilio Lozoya, se encontraron acuerdos con el Instituto Tecnológico Superior de Comalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 fue contratada para dar servicios profesionales especializados en ingeniería a los petroleros mexicanos.

Ésta a su vez, contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas, dos empresas fantasmas que están en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque no están donde se reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios.

 

Otras dos compañías Drilling and Completion Services e Integrated Reservoid Managemente Services de México también participaron en el fraude de 566 millones de pesos, y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisionarios, quienes resultaron ser prestanombres, detalla la información de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La segunda apuesta en la que se realizaron grandes desvíos de dinero es la Cruzada contra el Hambre, que toca fibras más sensibles: el fraude se perpetró a costa de la población más vulnerable de México.

Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destina la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializa en más de 2,220 millones de pesos, según la investigación.

En 2013, dicha dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras a los mexicanos con pobreza alimentaria, y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados de la República.

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que sólo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. No hay constancia de que los beneficios restantes se hayan entregado, únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Para el fraude en Sedesol, se reportaron diez convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que debían ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas de país y combatir la pobreza.

Las instituciones no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación ilícita.

Las pesquisas

Quizás, el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es la cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos.

Aunque recientemente la Fiscalía General de la República sólo ha procedido contra Rosario Robles, quien encabezó Sedesol y Sedatu durante La Estafa Maestra, al menos 1 1 dependencias más desviaron recursos públicos a través de fraudes.

El sistema de corrupción también ocurrió en Banobras, encabezado en 2013 por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; en Pemex, con Emilio Lozoya; en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con Gerardo Ruiz Esparza o en el ISSSTE con José Reyes Baeza. Los únicos que enfrentan un proceso penal ante la Fiscalía son Robles y su equipo de trabajo.

Por el mecanismo de desvío, la Auditoria Superior también ha hecho denuncias contra Sagarpa, en la gestión de José Calzada Rovirosa, en los organismos como el INEA, que entonces dirigía Alfredo Llorente, el SUPERISSSTE y el FOVISSSTE, órganos cuyo director era José Reyes Baeza.

Incluso, en las más recientes denuncias (el pasado 5 de julio) se suman Conagua y Diconsa.

Actualmente, el reparto de responsabilidades entre los titulares es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios.

La aritmética de La Estafa Maestra detalla que se desviaron más de 7,760 millones de pesos, en el que están involucradas 11 dependencias del gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.

Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, y Rosario Robles, son los dos ex funcionarios prominentes de la pasada administración federal que podrían ir a la cárcel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lozoya está en calidad de prófugo por sus vínculos con Odebrecht.

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